VII. Derecho de empadronamiento

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Según ha dicho la Abogacía del Estado hace poco tiempo, los ayuntamientos tienen la obligación de inscribir en el padrón a los extranjeros que lo soliciten, sean o no legales. La pretensión de ayuntamientos como el de Vic y el de Torrejón de Ardoz de negar la inscripción a los inmigrantes ilegales no es jurídicamente sostenible. Los inmigrantes tienen, pues, el derecho de inscribirse en el padrón y, al hacerlo, acceden automáticamente a la educación obligatoria (si están en edad escolar) y a la sanidad pública.

La ley de bases del Régimen Local está en vigor desde 1997, cuando Mariano Rajoy era Ministro de Administraciones Públicas. Su redacción no deja lugar a dudas: el ayuntamiento no puede intervenir en la concesión de permisos de residencia ni es competente para controlarlos, así como tampoco para controlar la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda.


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